En el mundo empresarial actual, la transformación digital y los cambios de paradigma son una realidad que afecta a empresas grandes y pequeñas por igual. Gracias a la democratización de las herramientas digitales, cada vez más empresas están incorporando prácticas de digitalización en sus modelos de negocio.

La facturación electrónica es un claro ejemplo de este cambio. Cada vez es más relevante y beneficioso tanto para las empresas contribuyentes, sin importar su tamaño, como para el Estado, ya que moderniza y optimiza el proceso.

En República Dominicana, es el momento en que la facturación electrónica sea obligatoria desde el 16 de mayo del 2023, las empresas deben adoptar gradualmente la norma de facturación electrónica de manera obligatoria.

Actualmente, las autoridades reguladoras están motivando a las empresas a cambiar sus modelos de facturación de forma voluntaria, mediante incentivos y herramientas gratuitas. Por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha puesto a disposición el Facturador Gratuito de Facturación Electrónica, que permite emitir y recibir comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) desde un ordenador con conexión a internet, con el objetivo de facilitar el proceso.

"La facturación electrónica es una buena noticia para todas las empresas: grandes, medianas, pequeñas y micro. En un país competitivo como República Dominicana, con metas de desarrollo económico, es normal y natural aspirar a una comunicación en línea, instantánea y sin papel entre las empresas y la DGII. Esto hace que el proceso de información sea más eficiente y que los contribuyentes ahorren recursos y tiempo", destaca Gina Lovatón, vicepresidenta de Voxel Caribe, el primer proveedor certificado por la DGII para emitir comprobantes fiscales electrónicos.

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Los beneficios de la facturación electrónica, según la norma 01-2020 que regula la emisión del comprobante fiscal electrónico e-CF, incluyen tener la documentación en la nube, eliminando la necesidad de enviarla o guardarla en formato físico. Además, las empresas pueden prescindir de las impresoras fiscales y del envío de datos en formularios a la autoridad reguladora, lo que supone un ahorro considerable en costos de mensajería y material gastable. También se reducen los errores y, por lo tanto, las facturas rectificativas, al tiempo que se disminuye el tiempo de envío de las facturas.

"A todo esto se le suma la inmediatez del proceso y la eficiencia del equipo administrativo, ya que todos los documentos están en orden y aceptados por la DGII, evitando futuras penalidades", destaca Lovatón.

Según el anteproyecto de ley, que fue aprobado  por el Legislativo para que la facturación electrónica sea obligatoria, los contribuyentes clasificados como mipymes por la Ley núm. 187-17, y que han sido autorizados a emitir e-CF en el periodo de voluntariedad, recibirán un incentivo pecuniario en forma de un certificado de crédito fiscal, que podrá ser aplicado a diversas obligaciones tributarias del mismo ejercicio fiscal, como anticipos del Impuesto sobre la Renta, ITBIS operacional, Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre los Activos. Esta misma iniciativa legislativa establece que, a partir de 2023, las empresas deberán ir adoptando gradualmente la norma de facturación electrónica de manera obligatoria.

Extraido de la publicación  www.eldinero.com.do